La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Colombia acaba de aprobar una sanción a la operadora COMCEL, de Claro, por dos prácticas restrictivas que la empresa llevaba a cabo y que atentan contra la libre competencia, abusando de su posición dominante en el mercado del país andino, “con el fin de obstruir el acceso de terceros a canales de comercialización”.
Entre otros asuntos, las autoridades pudieron comprobar que COMCEL realizaba acciones para bloquear las bandas de equipos móviles celulares, impidiendo o restringiendo así a los usuarios a migrar a otros operadores móviles. El dinero que tendrá que pagar la firma propiedad de Claro es de más de 53.909 millones de pesos colombianos.
Por su parte, COMCEL negó las acusaciones, y aseguró que la empresa “no tiene posición de dominio y por ende, no pudo haber abuso de una posición que no ostentaba”, pero la Superintendencia no aceptó esta reclamación.
Según las autoridades, COMCEL (Claro), como parte de una política empresarial contraria a la normatividad, creó condiciones que impidieron o dificultaron en grado sumo la portabilidad de los clientes a otras operadoras, al prohibir utilizar este mecanismo a quienes en planes prepago no llevaran más de doce meses y a quienes no exhibieran la factura original de compraventa del terminal, en planes prepago o pos pago.
Como explica el comunicado, la Superintendencia encontró probado que COMCEL decidió vender de sus inventarios, teléfonos con bandas cerradas y efectuar la compra a fabricantes de más de más de un millón ochocientos mil teléfonos también con bandas bloqueadas, “lo cual estaba prohibido por la normatividad, generando así obstrucción en el canal de comercialización o mercado, condiciones apropiadas para limitar o restringir la libre competencia por parte del operador dominante”.
La Superintendencia también encontró probado que COMCEL manipuló cifras, sobre las portabilidades que había recibido, con las que se pretendió mostrar a los usaurios que la empresa de Claro era la preferida por los usuarios colombianos. Por este motivo, la firma tendrá que pagar más de 33.840 millones de pesos.
Por Marco Cosío, vicepresidente de Smart Infrastructure de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.
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