La semana pasada un tribunal de arbitraje en Colombia sancionaba a Claro y Movistar con una multa que asciende a los 4,7 billones de pesos (1.554,4 millones de dólares).
El castigo fue impuesto por un litigio sobre la devolución de las redes e infraestructura para la prestación del servicio de telefonía móvil, una disputa que se remonta a un contrato firmado en la década de 1990.
En el caso de Movistar, la operadora ha sido condenada a pagar 1.6 billones de pesos (529.1 millones de dólares), y desde su matriz Telefónica han iniciado conversaciones con las autoridades de Colombia para poder evitar el pago.
La idea del grupo español es agotar todas las vías de negociación, y si esa estrategia no funciona, acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Por su parte, en Claro no han sido tan pacientes, ya que la operadora propiedad del grupo mexicano América Móvil ha recurrido directamente al Ciadi con el fin de librarse de la multa de 3.1 billones de pesos (1,025.2 millones de dólares).
Lo cierto es que de mantenerse las sanciones contra las dos operadoras se produciría una congelación en las inversiones que estas realizan en infraestructura móvil en Colombia, lo que a la larga supondría un importante perjuicio para los usuarios.
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