La Sala IV de la Cámara de Casación Penal y los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, han dado su visto bueno a la petición de la Oficina Anticorrupción, que solicitaba que se castigara a IBM por sobreprecios en sus servicios informáticos en Argentina en 1994.
En concreto, el delito se remonta al gobierno de Carlos Menem, y las acusaciones sobre IBM hablan de que se produjo un presunto pago de sobreprecios y sobornos valorados en más de 120 millones de pesos.
La sanción que se ha impuesto a IBM implica que sufrirá el embargo de 81.996.627 millones de pesos argentinos, una cifra equivalente a los 9,38 millones de dólares.
Asimismo, conviene recordar que dentro del caso también tienen expedientes judiciales abiertos por la Oficina Anticorrupción (OA) la Dirección General Impositiva (DGI), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco Nación.
Desde la OA han declarado que “está probado que el precio fijado para la realización de los proyectos informáticos no fue razonable, sino excesivo y desproporcionado, produciéndose el consecuente perjuicio para la administración pública, que pudo obtener el mismo sistema con un precio inferior al que finalmente terminó pagando”.
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