¿Se conocerán, o no, los datos sobre el espionaje del gobierno de México?

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Mientras ciertas organizaciones de la protección de la privacidad piden al gobierno mexicano datos sobre su espionaje a los dispositivos de los ciudadanos, las autoridades creen que esto afectaría a la seguridad nacional.

El mayo pasado, la organización R3D por los Derechos Digitales solicitaba que se conociese la información sobre cuántos dispositivos y personas fueron espiados en 2014 por el Gobierno mexicano y el Instituto de Acceso a la Información consideró que esta debería ser información de carácter público. Dicha solicitud, avalada por el INAI, pretendía transparentar las operaciones de la inteligencia mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

hackers CYBERESPÌA ESPÌONAJELas organizaciones y expertos saben que el gobierno mexicano ha comprado software espía y que tiene una ambigua legislación con respecto al asunto de los datos de los ciudadanos y la privacidad. De hecho, hace unos meses, se conocía que este país era uno de los grandes clientes del mundo de Hacking Team, un software que ayuda a gobiernos a espiar.

Ahora, sin embargo, la Consejería Jurídica del ejecutivo ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se divulgue la información estadística solicitada por la organización R3D por los Derechos Digitales , bajo el argumento de que hacerlo haría peligrar la seguridad nacional.

Así, que, mientras se resuelve una decisión, los mexicanos pasarán, al menos, seis meses más, sin conocimiento sobre algún posible atentado contra su privacidad.

Además de la compra de software espía, la asociación considera que el gobierno mexicano habría intervenido comunicaciones sin conocimiento del ciudadanos y alegan que existe una legislación muy ambigua a este respecto.

Dicen en el blog de la asociación que “como ha sido argumentado por R3D y el INAI, la información estadística como el número de personas y dispositivos no pone en riesgo alguno la seguridad nacional. No se revelan nombren ni circunstancias específicas sobre las operaciones del CISEN, por lo que la Suprema Corte debe confirmar la publicidad de la información y obligar al CISEN a proporcionarla lo más pronto posible”.

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